La Diputada Nacional argentina del partido La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, presentó un proyecto para derogar la Ley 27.610 de “Interrupción Voluntaria del Embarazo”, es decir la ley del aborto.
El proyecto fue dado a conocer este miércoles 7 de febrero, en un contexto convulsionado en materia legislativa, luego del regreso a comisión del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocido como “Ley Ómnibus”, que había sido presentado por el presidente Javier Milei pero no tuvo el consenso necesario en la Cámara de Diputados.
El proyecto de la legisladora Bonacci lleva también la firma de Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y Oscar Zago, presidente del bloque libertario, aunque su autora admitió que “no son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto”.
La explicación surgió luego de que en las redes sociales la acusaran de “falsificar” las firmas de los legisladores que aparecen en el proyecto. La propia Lilia Lemoine se desligó del mismo.
“Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era el momento ahora y me metió igual. Es muy dañino”, manifestó la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en diálogo con el medio Corta.
El proyecto para derogar la ley de aborto
En sus artículos, el proyecto plantea la reclusión o prisión de entre tres y diez años si el aborto se realiza sin consentimiento de la mujer. “Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”, detalla el texto.
La pena será “reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer”, propone. “El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”, agrega.
La iniciativa también incluye la modificación del artículo 86 que se refiere a los especialistas que hagan abortos: “Sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”.
El proyecto prevé que no sea punible el aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la embarazada, si existiera “peligro inminente para la vida de la madre” siempre que ese peligro “no pueda ser evitado por otros medios”.
La propuesta busca “eliminar la injusta y arbitraria distinción” que penaliza sólo los abortos a partir de la semana 14 de gestación, distinción que crea “categorías de personas”.
También propone un cambio en el artículo 88: “Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare.La tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”, plantea.
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