La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció que el pasado 31 de diciembre de 2023 marcó el fin del proceso de renuncia a la asignación mensual por parte del Estado, según lo estipulado por la ley 21.950. Esta medida afecta a arzobispos, obispos diocesanos y auxiliares, quienes dejarán de percibir el aporte mensual equivalente al 80% de la remuneración de los jueces nacionales de primera instancia, mientras estén en funciones.
La decisión de la Iglesia Católica de prescindir gradualmente de la contribución estatal comenzó en 2018, durante la administración de Mauricio Macri, en un contexto marcado por tensiones sociales, particularmente debido al debate sobre la ley de aborto. En ese período, grupos opuestos a la influencia de la Iglesia abogaron por la apostasía colectiva y la separación efectiva entre la Iglesia y el Estado.
El Episcopado explicó que, además, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto permitirá a arzobispos y obispos que hayan dejado sus cargos por razones de edad o invalidez solicitar de manera individual, cumpliendo ciertos requisitos, el beneficio de la asignación prevista por la ley, que actualmente asciende a $98.000 (cerca de 100 dólares estadounidenses).
Cabe destacar que esta renuncia progresiva se tradujo en una reducción del 30% en las asignaciones a obispos, sacerdotes y seminaristas a partir del presupuesto de 2019. En 2020, el Episcopado anunció un plan económico destinado a lograr la autosuficiencia financiera a través del Programa FE , el cual busca generar fondos mediante diversas campañas de donación.
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