La discusión por la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse con fuerza en el Congreso de la Nación y generó un fuerte rechazo desde la Iglesia católica. Al respecto, el sacerdote Alberto Barros cuestionó con dureza el enfoque del proyecto impulsado por el gobierno nacional y advirtió que centrar el debate en la edad “no va a lo profundo del problema” ni ofrece soluciones reales frente a la delincuencia juvenil.

El planteo oficial propone reducir de 16 a 13 años la edad de imputabilidad penal. Incluso, según se explicó desde el Ejecutivo, menores de 11 o 12 años que cometan delitos quedarían bajo regímenes especiales y no regresarían automáticamente a sus hogares. La iniciativa recibió el rechazo explícito de la Conferencia Episcopal Argentina, que difundió un documento titulado Para los jóvenes, más educación, más comunidad.

Barros explicó que la postura de la Iglesia se expresó con claridad en ese texto, publicado el 31 de enero, durante la festividad de San Juan Bosco. “Ya el título del documento es muy expresivo: para los jóvenes, más educación, más comunidad. Es decir, no más represión ni punitivismo como si esa fuera la solución”, afirmó.

«La iglesia siempre está del lado de la víctima»

En ese sentido, remarcó que la Iglesia partió de una definición que consideró central: “La Iglesia expresa, en primer lugar, la cercanía al dolor desgarrador de las víctimas de los delitos, sobre todo de los más violentos o aberrantes. La Iglesia siempre va a estar al lado de las víctimas, que eso quede claro”.

Sin embargo, al abordar la situación de los menores que delinquen, Barros señaló que los obispos evitaron deliberadamente fijar una edad. “Centrarse casi exclusivamente en el tema de la edad es un planteo que se queda en lo superficial, que no va a lo profundo ni a la complejidad que tiene este tema. En definitiva, no resuelve nada. Quedarse en la discusión de si son los 12 o los 13 años es entrar en el juego de la superficialidad y de la chatura, y no resuelve nada”.

Según el sacerdote, la Iglesia propuso un abordaje basado en tres ejes claros. “Los obispos invitan a encarar la delincuencia en menores con tres verbos fundamentales: prevenir, educar y acompañar. Esa es una responsabilidad de las familias, de las escuelas, de la sociedad y del Estado. Nadie puede mirar para el costado”, afirmó.

¿Existen unidades carcelarias preparadas para menores en Argentina?

En ese marco, cuestionó la capacidad real del sistema penal para absorber a adolescentes. “¿Hoy las unidades carcelarias están preparadas para recibir a menores? ¿A qué lugares van a ir estos chicos? ¿Quiénes se van a encargar de educarlos, acompañarlos y generar caminos de reinserción social?”, preguntó. Para Barros, un joven que comete un delito “es una realidad muy compleja que nos interpela a todos: familia, escuela, comunidad y Estado”.

El sacerdote también puso el foco en las políticas públicas. “El Estado habla de bajar la edad de imputabilidad, pero la pregunta es si se ocupa de garantizar educación de calidad, de prevenir y acompañar las adicciones, de fomentar la convivencia social. Cuando uno se encuentra con discursos de odio, violencia y humillación, se generan ambientes que no previenen ni educan ni acompañan”, señaló.

Desde su experiencia personal, Barros describió el perfil social de quienes terminan privados de su libertad. “Yo soy capellán de la Unidad Penal 5 de Mujeres y diría que el 98% son mujeres pobres, que vienen de ámbitos de exclusión. La pobreza, la crisis socioeconómica y las injusticias pesan muchísimo en el delito”, expresó. En esa línea, lanzó una crítica directa: “¿Por qué los delincuentes de guante blanco ninguno termina detenido?”.

Sesgo ideológico

Consultado sobre si la baja de imputabilidad responde a un sesgo ideológico, el sacerdote fue categórico. “Evidentemente responde a una postura ideológica. No sé hasta dónde hay una intención de resolver la delincuencia. La única respuesta que encuentran es el castigo y la represión. Está absolutamente probado por estadísticas, estudios universitarios y por la experiencia de los jueces que esto no resuelve nada. Es un relato que intenta satisfacer broncas y revanchismos de sectores que piden mano dura”.

Barros también destacó experiencias alternativas en Misiones, como los Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la Ley Penal (CEMOAS). “Son lugares donde trabajan juntos el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Adicciones. Hay educación, deporte, tratamiento y revinculación familiar, sin uniformes ni ambientes hostiles. Son miradas humanas, integrales y abiertas a la esperanza”, describió.

Finalmente, insistió en que el debate debe ir más allá de slogans. “Pueden poner la edad que quieran, 13, 12 o menos, y el problema va a ser exactamente el mismo si no se va a las causas profundas: sociales, económicas, educativas y también vinculadas a la droga. No se puede hablar de esto sin tocar todos esos temas y sin olvidar jamás a las víctimas, a quienes la Iglesia siempre va a acompañar”, concluyó.